Principio de autoridad se resquebraja

El bloqueo de carreteras, la destrucción de pistas con la quema de llantas y otros materiales inflamables, los ataques a locales públicos y privados, el apedreamiento e incendio de vehículos y la agresión a la policía son cosa de todos los días y no hay autoridad que lo impedida y menos un fiscal con cojones que lo denuncie, de acuerdo a ley. Hoy mismo una turba atacó las instalaciones de la Municipalidad de Celendín con un lamentable saldo de cinco muertos: Eleuterio García Rojas (Celendín), César Medina Aguilar, menor de edad (Celendín), José Faustino Silva Sánchez (Celedín), Joselito Vásquez Jambo (Bambamarca)  y José Antonio Sánchez Huamán (Celendín), cifra que no sería nada raro que aumente. Y los cerca de 20 detenidos, incluido el ex cura Marco Arana, estoy seguro, saldrán más rápido que inmediato por las condiciones que pondrán los dirigentes para frenar los disturbios. Todo un chantaje político organizado.

Por eso, provocan sonrisas las amenazas del presidente Ollanta Humala diciendo que los antimineros deben atenerse a las consecuencias si toman o dañan las instalaciones del Proyecto Conga. Y bien, este nuevo atentado contra un municipio no es acaso un daño a la propiedad pública como represalia por haberse reunido con los alcaldes cajamarquinos? Y no es declarando en emergencia las provincias en conflicto o metiendo bala que se solucionará el problema, tampoco con amenazas.

!No señor presidente! no se amenaza, se actúa. Y, hasta ahora, usted no ha hecho nada por evitar los excesos de los manifestantes, no solo en Cajamarca, sino en todo el país, excesos que se han  convertido en un verdadero dolor de cabeza para todos los ciudadanos peruanos y una pésima imagen para los inversionistas y turistas. No hace mucho profesores enerdecidos destruyeron el local del Ministerio de Educación, es decir su sede emblemática. ¡Qué tal educación de los docentes!

Y sabe por qué ocurren estos hechos, señor presidente? Porque sus ministros no tienen capacidad para anticiparse a los conflictos sociales, mucho menos para solucionarlos, está demostrado que son unos incapaces. Actúan como los bomberos, llegan solo para apagar los incendios y, ni siquiera eso, llegan al final para hacer un inventario de los escombros, muertos y heridos. Entretanto, el principio de autoridad se resquebraja, o simplemente no existe.

Falta liderazgo para tomar al toro por las astas y autoridad para hacer cumplir la ley. Los manifestantes ya saben que si no toman carreteras, incendian locales y cierran ciudades enteras no serán atendidos, que nadie los escuchará. Lo que está ocurriendo en Apurímac es una muestra de la falta de atención a los problemas y la ausencia de un adecuado manejo gubernamengtal. Hace tiempo que los maestros del Sutep piden se les otorgue el 30% de sus remuneraciones por la preparación de clases y el Ministerio de Educación no ha movido un dedo para solicitar el dinero que se requiere para satisfacer este pedido. La ministra se ha dormido en sus laureles y ha preferido asumir una postura evasiva. Y como tampoco ningún otro funcionario del gobierno quiere comprarse el pleito, se aplica la cómoda posición del “dejar hacer, dejar pasar” para no perder el puesto y el sueldo.

Eso mismo ocurre con la mal llamada “seguridad ciudadana” que mejor sería llamarla “inseguridad ciudadana”, donde los delincuentes hacen de las suyas porque saben que las cárceles son un hotel, no sé de cuántas estrellas, pero sí con televisor, refrigeradora, celulares y hasta con aire acondicionado. Y, si se quiere poner orden, surge la prensa irresponsable para entrevistar a las “victimas” de lo que consideran como un atropello. Por eso lo sacaron al alcaide que quiso rapar a todos los presos, por higiene, para evitar que se infecten de piojos y al mismo tiempo para evitar que se fuguen disfrazados de mujeres.  Felizmente que, reconocido el error, lo restituyeron pero no porque la prensa lo pidió sino por exigencia de los mismos presos que sufren los abusos de los más avezados.

Es inaudito lo que está pasando en nuestro país. Una autoridad municipal que quiere poner en su sitio a los  microbuseros y taxistas informales y una prensa que sale a entrevistar a los choferes para que se quejen contra  las nuevas medidas para mejorar el tránsito, permitiendo que se insulte a la alcaldesa a pantalla completa. Tampoco se hará el traslado de La Parada porque hay periodistas que están al lado de los que viven en el caos, la suciedad y entre ratas que caminan entre los sacos de alimentos.

Esa es la prensa que por odio político es capaz de ir en contra de la ciudad, que se pone al lado de los infractores con tal de fregar a la alcaldesa. La huelga de transportistas fue un fracazo completo porque la ciudadanía prefirió soportar un día de mortificaciones a toda una vida de tortura.

La alcaldesa será respetada, apreciada y reconocida si sigue en su plan de corregir los excesos de estos grupos que ya se aprovecharon en demasía de la debilidad de las autoridades.

Sra. Alcaldesa, si los transportistas amenazan con tomar las calles con sus vehículos, tal como destaca cierta prensa, la policía tendrá que verse obligada a actuar, con toda la autoridad que le faculta la ley.

El hecho no es que se den leyes y más leyes, sino que estas se cumplan. Nadie respeta la norma, se orinan en ella porque los infractores saben que no les pasará nada. Esto se llama desgobierno. ¿Dónde está el piloto?

De nada servirá que los municipios se esfuercen poniendo cámaras de video en toda la ciudad, que se coloquen serenazgos en todos los barrios, que se quintuplique el presupuesto para la seguridad ciudadana o se otorgue permisos (para mí irregulares) para que se cerquen las calles, si la autoridad competente no tiene los pantalones bien puestos para hacer cumplir la ley.

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